Guapinol
El Caso Guapinol se ha convertido en emblemático porque ha destapado la corrupción y la connivencia entre las grandes empresas y el Estado detrás de mortíferos proyectos extractivos. Bajo constantes amenazas y a pesar de la criminalización, la detención arbitraria y la ejecución extrajudicial, las personas defensoras de Tocoa, Sector San Pedro y Guapinol han mantenido una resistencia permanente a la instalación ilegal de un megaproyecto minero en el parque nacional Carlos Escarelas que ha provocado daños ambientales irreperables. Lea más información en su sitio web y sus redes sociales:
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En 2018, comunidades afectadas por una licencia minera a cielo abierto concedida mediante actos de corrupción se organizaron para denunciar la contaminación de sus principales fuentes de agua, cuyas nacientes se encuentran en el Parque Nacional Montaña de Botaderos. A raíz de su protesta pública, la Fiscalía de Tocoa abrió causas penales contra 32 personas y solicitó el desalojo del campamento "Por el Agua y la Vida" instalada por la comunidad de Guapinol. Lo que ha seguido desde entonces es una serie de arbitrariedades por parte de todos los niveles del gobierno y del poder judicial, incluida la detención ilegal de ocho defensores durante más de dos años y medio, así como la revelación de las ilegalidades para permitir que la empresa siga funcionando, las cuales han sigo impugnadas. En febrero de 2022, los ocho defensores detenidos arbitrariamente fueron finalmente puestos en libertad tras fallarse a su favor un recurso de amparo. En 2023, se espera dar curso a una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del proceso de búsqueda de reparación integral para los defensores, esto, conforme a la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU que emitió su opinión 85-2020 a finales de 2020. En este caso, la ABA siguió de cerca los procedimientos judiciales en 2019, en particular mediante la observación de las audiencias iniciales y una audiencia de revisión de medidas. Nos gustaría invitar a la ABA a renovar su interés en el caso Guapinol mientras preparamos la petición a la CIDH, por ejemplo, con apoyo de incidencia en Washington ante la CIDH, en la revisión de escritos de seguimiento a la petición, etc. Este caso representa un paso hacia la reparación del daño por parte del Estado, no sólo contra los defensores detenidos ilegalmente, sino también las comunidades afectadas en sí. Avanzar en este caso sentará un fuerte precedente para otros casos de criminalización en el país, ya que podría tener consecuencias para los y las fiscales y jueces que atacan a las personas defensoras a través del uso malicioso del sistema penal.