"Aquí nacimos, aquí hemos crecido.
Le tenemos el máximo amor a nuestro río, es la vida de nuestro Pueblo."
El Pueblo Indígena Lenca de Reitoca ha sido violentamente reprimido y criminalizado por defender su territorio ancestral de una hidroeléctrica ilegal.
Causa Reitoca
"Aquí, nunca fuimos consultados."
La raíz de la violencia contra la comunidad Indígena de Reitoca: Falta de consentimiento.
Sin obtener el requerido consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Indígenas Lencas afectadas, el Estado hondureño concedió licencias a la empresa hidroeléctrica PROGELSA. Lo que siguió fueron años de violencia y criminalización perpetuadas por la empresa y el Estado contra quienes defendían su territorio ancestral.
Persecución criminal maliciosa contra el Consejo Indígena de Reitoca: El caso de Wilmer y José Orlando
Los días 20 y 27 de junio, dos de los más reconocidos Defensores Indígenas Lencas del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Wilmer Otoniel Alonzo, presidente del Consejo, y José Orlando Rodas García, su cuñado y también miembro del Consejo, serán juzgados por cargos de usurpación y daños ante el Tribunal de Sentencia en la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa.
Ayúdanos a exigir justicia para Reitoca
Exigir el cierre definitivo del caso de Wilmer y José Orlando y el fin de la criminalización de todas las personas defensoras Lencas de la tierra en Reitoca.
¡Cancela la licencia ilegal! ¡Basta de criminalización!
Utiliza estas imágenes y vídeos en las redes sociales, usando #Reitoca
y etiquetando a @PJdeHonduras y @MP_Honduras.
Wilmer & José Orlando
La causa penal maliciosa contra los Defensores Indígenas de la Tierra Wilmer Alonzo y José Orlando Rodas se remonta a octubre de 2018, cuando la empresa hidroeléctrica Promotora de Generación de Energía Limpia S.A (PROGELSA) presentó una denuncia en el Ministerio Público contra la pareja como parte de la represión generalizada contra la comunidad Indígena Lenca de Reitoca que se empeña en detener el desarrollo ilegal de un proyecto hidroeléctrico en el río sagrado Grande, en territorio ancestral Lenca. PROGELSA fue fundada por Jack Arévalo Fuentes, antiguo gerente de la ENEE, que lleva mucho tiempo asociado a polémicos proyectos hidroeléctricos en Honduras, y cuenta con inversiones hondureñas e italianas. A pesar que las comunidades Indígenas Lencas afectadas, que tienen títulos sobre la tierra del año 1735 certificados por el rey Felipe de Castilla de la corona española, nunca fueron consultadas de buena fe sobre el proyecto y nunca dieron su consentimiento libre, previo e informado para que siguiera adelante, el proyecto ha contado con el apoyo de los sectores económicos más importantes del país.
Durante más que cuatro años, ha habido una campaña de represión violenta y criminalización permanente, en la cual, personas de la comunidad también han sido amenazadas y engañadas para que vendieran las tierras que la empresa utilizaba para construir carreteras. El Consejo Indígena Lenca y las comunidades afectadas se mantienen firmes en la defensa del río Petacón y en la exigencia de que se cancele la concesión hidroeléctrica, ya que el proyecto tendría impactos devastadores para sus vidas, sus tierras, sus medios de vida, sus creencias, sus actividades espirituales y culturales y su modo de vida en general como Pueblo Indígena.
Aunque Wilmer y José Orlando son miembros clave de la lucha del Consejo indígena Lenca de Reitoca por la autonomía, el amplio apoyo de la comunidad para detener la implementación ilegal del proyecto hidroeléctrico es claro a través de las movilizaciones masivas en la zona. La criminalización de los dos Defensores de la Tierra Lenca es parte de un ataque sistémico contra los Defensores de la Tierra Indígena en Reitoca, y parte de un patrón que se denota en toda Honduras.
Las comunidades Indígenas Lencas del municipio de Reitoca han sido víctimas de represión violenta, fuerza excesiva, lesiones graves, allanamientos ilegales y criminalización, creando un ambiente de terror para quienes ejercen sus derechos inherentes y soberanos como comunidad Indígena sean respetados. Quince Defensores Indígena de Reitoca son beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por el Estado, pero no se ha tomado medidas concretas para garantizar su seguridad, incluyendo la cancelación del proyecto ilegal, que es la raíz de la violencia y las amenazas contra ellos.
Como parte de la violación sistémica contra las comunidades Indígenas, el Estado de Honduras no ha consultado ni obtenido el consentimiento libre, previo e informado antes de proceder con megaproyectos que ponen en riesgo las vidas, los medios de vida y las prácticas espirituales y culturales de las comunidades indígenas afectadas. Aunque las licencias necesarias para la explotación del “Proyecto Hidroeléctrica del Río Petacón" se concedieron ilegalmente durante anteriores administraciones, el actual gobierno de Xiomara Castro no ha revisado ni cancelado los proyectos a pesar de los llamados generalizados de las comunidades afectadas.
El Estado hondureño se niega a obtener el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas y favorece, en cambio, los intereses económicos privados:
La cabecera del río Grande nace en Lepaterique y fluye a través de la vecina Reitoca, municipios montañosos que forman parte del departamento de Francisco Morazán, ubicado al suroeste de la capital Tegucigalpa en lo que se conoce como "El Corredor Seco".
El 24 de mayo de 2011, sin obtener el requerido consentimiento libre, previo e informado del Pueblo Indígena Lenca afectado, el Gobierno de Honduras otorgó una licencia ambiental, requerida para operar, a PROGELSA, propiedad y operada por la familia Arévalo Fuentes. La licencia fue firmada por Marco Jonathan Laínez Ordóñez, ex subsecretario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna, ahora MiAmbiente), quien otorgó una licencia ambiental de categoría 2 por 50 años (Número 362-2011) para que la empresa instalara un proyecto hidroeléctrico de 14,8 MW.
A pesar de que la comunidad Lenca ejerce un control territorial permanente, de las reuniones con la empresa y los accionistas y actores estatales relevantes para expresar su disconformidad con el proyecto, PROGELSA comenzó a construir las vías de acceso en abril de 2016, sin el consentimiento de las comunidades Indígenas afectadas. La construcción provocó la contaminación del río, que se utilizaba para la pesca y el riego de pequeños cultivos de subsistencia y para prácticas culturales y espirituales.
PROGELSA argumenta que las comunidades afectadas no son Indígenas Lencas, a pesar que el Censo de Población y Vivienda de 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que alrededor del 70% de la población de Reitoca se autoidentifica como Lenca mientras que la cifra es de alrededor del 12% en Lepaterique.
En diciembre de 2018, el ex - vicesecretario Laínez Ordóñez fue acusado de abuso de autoridad por la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural por haber otorgado irregularmente la licencia ambiental para la construcción de la polémica presa, acusándolo penalmente por otorgar la licencia sin consultar y obtener previamente el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad lenca, como exige la legislación hondureña. Cabe mencionar que Honduras es signataria del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
La actuación del ex vicesecretario Laínez Ordóñez forma parte de una violación sistemática por parte del Estado hondureño de los derechos de los Pueblos Indígenas, entre ellos su derecho a la autodeterminación, derecho que permite a los Pueblos definir las instituciones políticas y jurídicas que regirán las relaciones entre los miembros del grupo, el derecho a la autonomía o al autogobierno para regular sus asuntos internos según sus costumbres, lo que es vital para garantizar su supervivencia como pueblos diferenciados; También incluye el derecho a determinar sus prioridades y estrategias de desarrollo, manteniendo su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Laínez Ordóñez fue acusado de conceder licencias ambientales, necesarias para la explotación de proyectos hidroeléctricos en Honduras, de forma similar en otros territorios Indígenas Lencas, entre ellos "Aurora II", en el río Palagua, en Guajiquiro, La Paz; "Agua Zarca", en el río Gualcarque, en la comunidad de Río Blanco, Intibucá, así como "Hidroluz", en el río Wampu, en Dulce Nombre de Culmi, Olancho, en el Territorio Ancestral Pech. En junio de 2018, Laínez Ordóñez fue enviado a prisión preventiva, pero posteriormente fue absuelto de todos los cargos en 2019.
Breve cronología:
Abril de 2011: La Secretaría del Ambiente (SERNA) aprueba la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Petacón, sin consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Lencas afectadas.
11 de marzo de 2015: Durante una sesión ordinaria del Congreso, se aprueban 12 proyectos hidroeléctricos, entre ellos el del río Petacón, lo que da enormes ventajas económicas a las empresas.
Abril 2016: PROGELSA empieza a construir calles de acceso sin el consentimiento de la población.
2016: miembros de la comunidad de Reitoca comenzaron a denunciar los daños ambientales ante la Fiscalía Especial del Medio Ambiente.
15 de enero de 2018: Las comunidades lencas organizadas que se resisten a la implementación ilegal del proyecto hidroeléctrico, que cuenta con capital hondureño e italiano, instalan un campamento de protesta pacífica, exigiendo a la empresa la salida inmediata de su territorio ancestral.
30 de enero de 2018: El campamento fue desalojado ilegal y violentamente por la Seguridad del Estado y de la empresa dos semanas después, utilizando gases y munición real contra los miembros de la comunidad. Aunque los miembros de la comunidad recibieron disparos y resultaron heridos, ningún miembro del ejército rindió cuentas. Lo que siguió al desalojo ilegal fue una campaña de estigmatización encabezada por Elisa Paz, de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, haciendo falsas acusaciones contra los miembros del Consejo Indígena Lenca.
En marzo de 2018, el Municipio de Reitoca fue declarado libre de explotación minera e hidroeléctrica en un cabildo abierto, realizado según las costumbres del Pueblo Lenca. La Alcaldía, de la que durante mucho tiempo se dijo que trabajaba en connivencia con la empresa, aún no ha aplicado la voluntad del Pueblo y ha cancelado la licencia de explotación de la empresa.
15 de septiembre de 2018: Miembros del Consejo Indígena Lenca instalan un bloqueo de carretera para ejercer sus derechos soberanos sobre su territorio. Ese mismo día, el campamento de trabajo y la planta de PROGELSA, fueron quemados misteriosamente. La empresa y la Asociación Hondureña de Energías Renovables culparon públicamente a los miembros de la comunidad de causar daños y robos por valor de más de 2,7 millones de dólares. A partir de ahí, los medios de comunicación corporativos y el lobby empresarial del COHEP, entre otros, iniciaron una campaña de estigmatización contra el Consejo Indígena Lenca de Reitoca, dejándolos vulnerables a ataques, acoso y criminalización.
Octubre de 2018: Wilmer Otoniel Alonzo y José Orlando Rodas García fueron acusados de usurpación y daños a la propiedad privada contra PROGELSA. Aunque no se enfrentaron a la prisión preventiva en su audiencia de imputación el 31 de octubre de 2018, ambos Defensores de la Tierra Lenca han tenido que viajar a Tegucigalpa todos los viernes desde entonces para firmar en el juzgado, lo que tiene un enorme impacto económico para ellos y sus familias. Finalmente enfrentarán el juicio por estos cargos el 20 y 27 de junio de 2022.
24 de abril de 2019: La Policía Nacional y los Cobras llevan a cabo otro desalojo ilegal y violento del campamento de protesta, con el resultado de un herido de bala contra un joven del campamento de protesta.
Marzo de 2020: La Policía denuncia el incendio de sus oficinas en Reitoca. En agosto de 2021, cinco indígenas lencas defensores de la tierra, entre ellos José Orlando Rodas García, son allanados y acusados de incendio agravado y tentativa de homicidio contra el Secretario de Seguridad.
En agosto de 2021, el caso se cerró provisionalmente después de que las pruebas demostraran que el incendio se inició dentro de la comisaría, donde se encontraban los agentes de policía, y no por manifestantes en el exterior como alegó el Ministerio Público.