Desde 2023, el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), junto con organizaciones aliadas y de base, ha realizado esfuerzos legales para que se respeten los derechos territoriales ancestrales en Honduras mediante la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El Decreto 93-2021 viola el derecho a la propiedad colectiva ancestral y hace caso omiso del consentimiento libre, previo e informado, lo que contradice la Constitución de la República, el Convenio 169 de la OIT y otras normas internacionales.

La anulación de este decreto inconstitucional supondría un avance para detener los desalojos ilegales en Honduras y garantizar los derechos básicos a la vivienda, la alimentación, la espiritualidad y la salud. Los recursos han sido presentados por comunidades indígenas lencas organizadas en los Consejos Indígenas Lencas de Reitoca, La Tigra y otros, y en una demanda colectiva, un grupo que representa a más de 85 mujeres de comunidades indígenas y negras —en representación de los pueblos lenca, maya-chortí, garífuna, pech y tolupán.

Estas peticiones no son incidentes aislados, sino que forman parte de una serie de acciones legales, investigaciones de campo y esfuerzos de incidencia internacional, incluyendo ante la CIDH y la ONU, que cuestionan el mismo marco normativo. A pesar de ello, el Poder Judicial ha mantenido un silencio sostenido respecto a estos reclamos.