Reitoca exige justicia: Consejo Indígena Lenca presenta recurso de inconstitucionalidad contra leyes que criminalizan a personas defensoras del territorio
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Reitoca exige justicia: Consejo Indígena Lenca presenta recurso de inconstitucionalidad contra leyes que criminalizan a personas defensoras del territorio
Hoy se presenta ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 378 y 378-A del Decreto 93-2021, disposiciones que han sido utilizadas para criminalizar la legítima defensa del territorio por parte de comunidades indígenas y movimientos sociales.
Estos artículos reviven normas ya derogadas y han sido aplicados para perseguir injustamente a defensores del Sagrado Río Grande de Reitoca y del territorio ancestral Lenca en Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán.
En 2016, la empresa hidroeléctrica PROGELSA inició el desarrollo ilegal de un proyecto hidroeléctrico en el Sagrado Río Grande de Reitoca, sin una Consulta Previa, Libre e Informada, de esta forma violentando lo que manda el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ni el consentimiento del pueblo Lenca, todo en violación del derecho internacional y la legislación nacional.
Como respuesta a la resistencia legítima de las comunidades de Reitoca, la empresa, utilizando métodos irregulares a través de funcionarios inescrupulosos, presentó en 2018 una denuncia ante el Ministerio Público, resultando en la criminalización de dos defensores.
Como consecuencia de la persecución penal, los líderes Indígenas e ambientalistas Wilmer Otoniel Alonso Herrera y José Orlando Rodas, miembros del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, enfrentaron un proceso judicial y fueron condenados en 2023 por el delito de perturbación de un derecho real, lo que ni siquiera formaba parte de la acusación original, lo que evidencia que no existen delitos reales, sino una clara intención del Estado y de la empresa de castigar a quienes defienden su territorio frente a proyectos ilegales.
La presentación de este recurso busca declarar inconstitucionales los artículos 378 y 378A del decreto 93-2021 que modificó el código penal para beneficiar a las empresas y criminalizar la protesta social para garantizar que ningún defensor o defensora de derechos humanos sea juzgado por proteger y defender los bienes públicos y comunes de la naturaleza de su comunidad.
Además, recordamos que el Fiscal General anunció el inicio de investigaciones sobre la concesión fraudulenta del proyecto hidroeléctrico por falta de consulta previa, libre e informada, así como los actos de violencia contra la comunidad. Exigimos avances concretos e inmediatos en estas investigaciones.
Eigimos el cierre definitivo del proceso penal contra Wilmer y José Orlando mediante la casación pendiente, la derogación inmediata de todas las figuras penales utilizadas para reprimir la resistencia legítima, y que el Estado de Honduras garantice el respeto a los derechos del Pueblo Indígena Lenca sobre su territorio ancestral y bienes comunes de la naturaleza.
¡Ríos Libres, Pueblos Libres! Dado en Tegucigalpa el 15 de mayo de 2025
