Presentación

Desde 2023, el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), junto con organizaciones aliadas y de base, ha realizado esfuerzos legales para que se respeten los derechos territoriales ancestrales en Honduras mediante la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El Decreto 93-2021 viola el derecho a la propiedad colectiva ancestral y hace caso omiso del consentimiento libre, previo e informado, lo que contradice la Constitución de la República, el Convenio 169 de la OIT y otras normas internacionales.

La anulación de este decreto inconstitucional supondría un avance para detener los desalojos ilegales en Honduras y garantizar los derechos básicos a la vivienda, la alimentación, la espiritualidad y la salud. Los recursos han sido presentados por comunidades indígenas lencas organizadas en los Consejos Indígenas Lencas de Reitoca, La Tigra y otros, y en una demanda colectiva, un grupo que representa a más de 85 mujeres de comunidades indígenas y negras —en representación de los pueblos lenca, maya-chortí, garífuna, pech y tolupán.

Estas peticiones no son incidentes aislados, sino que forman parte de una serie de acciones legales, investigaciones de campo y esfuerzos de incidencia internacional, incluyendo ante la CIDH y la ONU, que cuestionan el mismo marco normativo. A pesar de ello, el Poder Judicial ha mantenido un silencio sostenido respecto a estos reclamos.

Acciones legales:

Junto con diversas organizaciones y comunidades hemos interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra la aplicación del Decreto 93-2021, una reforma al Código Penal hondureño que amplía el delito de usurpación, el cual ha sido utilizado para criminalizar a comunidades indígenas, campesinas y defensoras del territorio.

Entre quienes han promovido estas acciones se encuentran mujeres indígenas organizadas, así como los Consejos Indígenas Lencas (CIL) de Reitoca, La Tigra, Portrerillos, El Achiotal, comunidades afectadas por desalojos y procesos penales. Estas acciones legales surgen en contextos concretos de amenazas de desalojo, desalojos forzosos y persecución judicial, donde las comunidades enfrentan cargos por defender sus territorios ancestrales.

Los amparos buscan:

• Detener desalojos forzosos y proteger la integridad de las comunidades

• Cuestionar la aplicación del delito de usurpación como mecanismo de despojo

• Garantizar el respeto a derechos constitucionales y estándares internacionales, incluyendo los derechos territoriales de los pueblos indígenas

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de litigio constitucional y defensa territorial, orientada no solo a frenar violaciones inmediatas, sino también a evidenciar cómo el Decreto 93-2021 facilita patrones de criminalización y despojo.

En conjunto, los amparos representan una herramienta clave de resistencia jurídica frente al uso del derecho penal para limitar la defensa del territorio, reafirmando los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades organizadas en Honduras.

Investigación e incidencia

Los desalojos en Honduras forman parte de una estrategia sistémica que combina intereses estatales y privados para apropiarse de tierras ancestrales; estos intereses llegan incluso a colaborar en la redacción y aprobación de leyes que sancionan el uso de la violencia para apropiarse de recursos, en violación de los derechos constitucionales e internacionales que protegen a los pueblos indígenas. En 2024, colaboramos con abogados y científicos sociales guatemaltecos, canadienses y hondureños para llevar a cabo una investigación de campo en comunidades indígenas lenca y garífuna sobre los impactos que los desalojos tienen en las mujeres indígenas. Los resultados se presentaron en noviembre de 2025 en un foro, para conmemorar el primer aniversario de la presentación de la inconstitucionalidad que no ha recibido ninguna respuesta concreta.

Estos fueron los hallazgos:

1. Despojo estructural, daño ambiental y pérdida cultural: Los desalojos responden a un patrón en el que intereses estatales y privados se apropian de territorios ancestrales, destruyen ecosistemas y rompen la relación cultural y espiritual de los Pueblos Indígenas con la tierra.

2. Violencia múltiple y trauma generacional: Las mujeres sufren agresiones físicas, amenazas sexuales, violencia económica, difamación y criminalización, con impactos emocionales que aumentan la violencia intrafamiliar y dejan secuelas intergeneracionales.

3. Sobrecarga y vulnerabilidad económica:

La pérdida de tierras obliga a las mujeres a asumir solas la subsistencia familiar en condiciones de extrema precariedad, con escaso apoyo estatal y dependencia de la organización comunitaria.

4. Ruptura del tejido social y condiciones inhumanas:

Los desalojos destruyen viviendas, fuerzan desplazamientos y rompen redes comunitarias, dejando a mujeres y niños en condiciones de vida indignas y expuestas a racismo, sexismo y abandono estatal.

5. Ausencia de garantías estatales:

El Estado ejecuta desalojos arbitrarios mediante fuerzas de seguridad y documentos falsificados, criminaliza a las defensoras y las deja en mayor vulnerabilidad sin acceso a justicia ni protección.

6. Resistencia y liderazgo con enfoque interseccional:

Pese a la violencia, las mujeres indígenas lideran la defensa territorial, sostienen la organización comunitaria, transmiten fuerza a las generaciones, los jóvenes siguen la resistencia, están en la defensa y exigen políticas con enfoque de género, cosmovisión indígena y derecho a la autodeterminación.

Lee el informe completo aquí.

Además, junto con nuestros socios, hemos llevado a cabo una serie de acciones de incidencia, entre las que se incluye una reunión con los y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, presentaciones públicas y la sensibilización de los responsables de la toma de decisione.s